CCOO IMPULSA LA MOVILIZACIÓN DE
TODO EL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Y DE TODAS LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, PARA LA RECUPERACIÓN YLA RESTITUCIÓN INMEDIATA DE TODOS LOS DERECHOS QUE NOS HA SAQUEADO EL GOBIERNO
Para CCOO
es absolutamente insuficiente, y una burla al personal de las AAPP, la
devolución de solo un día de asuntos particulares, mientras el Gobierno
mantiene la estafa del resto de nuestros derechos
ANTE LAS
MENTIRAS, GROTESCAS Y RIDÍCULAS DECLARACIONES DE MONTORO, LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES PÚBLICOS EXIGIMOS QUE SE NOS
DEVUELVAN TODOS Y CADA UNO DE LOS DERECHOS QUE EL GOBIERNO DE RAJOY NOS
ROBÓ EN JULIO DE 2012
(MEDIANTE LA APROBACIÓN
DE RDL 20/2012)
EL
PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, Y DEL RESTO
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,
EXIGIMOS A MONTORO QUE SE NOS DEVUELVAN IGUALMENTE LAS RETRIBUCIONES RECORTADAS
EN MAYO DE 2010 POR EL ANTERIOR GOBIERNO
PORQUE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES PÚBLICOS
NO SOMOS RESPONSABLES DE LA
INCAPACIDAD DE LOS GOBIERNOS SOBRE CÓMO AFRONTAR LOS
PROBLEMAS ECONÓMICOS DE UNA CRISIS, QUE SOLO ELLOS Y LOS PODERES ECONÓMICOS Y
FINANCIEROS HAN GENERADO
El
gobierno de Rajoy ha cometido en los dos años que lleva gobernando ataques
despiadados a los servicios públicos y a los derechos del personal de las
Administraciones Públicas en general, y en particular de la Administración de
Justicia.
Entre
los numerosos ataques que el gobierno de Rajoy ha realizado en dos años, se
encuentran, entre otras, decisiones tan graves:
- la
privatización y desmantelamiento de numerosos servicios públicos como la
enseñanza y la sanidad públicas, la justicia, el
ataque y el enorme recorte de los derechos sociales como las pensiones y
los servicios sociales (ayudas a la dependencia, recorte generalizado de
becas,..….)
- el retroceso
en los derechos y libertades democráticas
con el establecimiento de nuevas normas coactivas a la ciudadanía para
impedir la defensa de sus derechos cuando son atropellados por el poder
(elaboración de un nuevo código penal y una nueva ley de seguridad
ciudadana que pretenden castigar a las personas que utilizando el derecho de
manifestación que un estado democrático tiene obligación de garantizar, convertirlo
en un acto ilegal; el establecimiento de sanciones administrativas con
multas de 600.000 euros por defenderse de acciones eventualmente ilegales
de los cuerpos de policía en manifestaciones o concentraciones, o por
defenderse ante un desahucio o por manifestarse protestando las injustas decisiones
y abusos de un responsable político, actuaciones hoy perfectamente legales…),
- la
aprobación de leyes como la de tasas judiciales, con el único objetivo de violentar
el derecho a la tutela judicial efectiva para impedir a la inmensa mayoría
de la ciudadanía a acudir a
Además,
las empleadas y empleados públicos hemos sufrido desde 2010, entre otros
ataques:
1.- la eliminación de la OEP , la amortización de miles
de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas, el despido de miles de personas interinas, ERE,s de extinción de
contratos de personal laboral, que han supuesto ya más de 300.000 empleos
públicos menos.
2.- el recorte salarial por dos veces (en
mayo de 2010, con un recorte medio del salario mensual superior al 5%,
alcanzando el 7 % en algunos cuerpos y categorías; y en diciembre de 2012, con la
supresión de la paga extra de navidad, que representó aproximadamente un 7 %
del salario anual) y la congelación salarial en cinco ocasiones, que acumula
una pérdida de poder adquisitivo del personal de la Administración de
más del 30% en estos años.
La
eliminación de la paga extra de 2012 al personal de la Administración de
Justicia se ha demostrado, con la última sentencia judicial del Juzgado
contencioso de Sevilla, no solo como un profundo ataque lleno de injusticia
sino profundamente ilegal, porque dicha paga ya había sido devengada
completamente en diciembre de 2012, cuando se publicó el 28 de ese mes la
reforma de la LOPJ
que le daba carta legal de naturaleza. No solo el Gobierno lo sabía sino que ha
demostrado lo profundamente arbitrario de su actuación y también su incapacidad
para legislar.
3.- la supresión de derechos establecidos
en las normas legales y conquistados a lo largo de los últimos 30 años, como la
supresión en la
Administración de Justicia (regulados, hasta diciembre de
2012, en la LOPJ )
de seis días de asuntos particulares (en el
resto de las Administraciones, tres días), la eliminación de los días de
permiso adicionales de vacaciones y asuntos particulares en razón de los años
de trabajo en la
Administración.
4.- el ataque al derecho a la salud del
personal de todas las Administraciones Públicas con el recorte salarial del 50
% de las retribuciones íntegras en los tres primeros días de baja por
incapacidad temporal y del 25 % desde el cuarto día hasta el vigésimo.
Por
ello, exigimos a Montoro que reponga todos estos derechos del personal de las
Administraciones Públicas y en las mismas condiciones, y se deje de mentiras y
de utilizar a las empleadas y empleados públicos como herramientas a las que se
usa como arma electoral, ahora que se acercan las elecciones europeas, antesala
de las autonómicas y de las locales.
Los trabajadores y trabajadoras de la Administración de
Justicia, y de todas las Administraciones Públicas, no queremos dádivas de
Montoro (porque
la devolución de un día de asuntos particulares, mediante la enmienda a la Ley
Orgánica de control
de la deuda comercial en el sector público, es para CCOO absolutamente insuficiente), porque estos derechos son nuestros y
no de Montoro ni del Gobierno de turno, y porque han sido saqueados violentamente
al personal de las Administraciones públicas.
Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos representativos
de la Administración de Justicia para que se unan en esta batalla para
recuperar todos nuestros derechos.
CCOO promueve una recogida de firmas masiva de las trabajadoras y trabajadores públicos para exigir al Gobierno la restitución de todos los derechos estafados en 2010 y 2012
Reconquistemos
lo que es nuestro, sin contrapartidas
No
renunciemos a ningún derecho
Madrid a 5 de diciembre
de 2013
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