En Pamplona, los sindicatos CCOO, CSIF, STAJ, ELA, LAB Y UGT, han apoyado la concentración en el Palacio de Justicia de Pamplona.
La convocatoria de concentración coincide el mismo día que la convocatoria de huelga de algunas asociaciones de Jueces y Fiscales porque finalmente éstas han asumido muchas de las reclamaciones que los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia llevamos meses exigiendo al Ministerio de Justicia.
Los empleados públicos de la Administración de Justicia mostramos nuestro rechazo a la ley de tasas que encarece y precariza el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. El Ministerio de Justicia sigue sin querer negociar esta cuestión y anuncia una reforma sin informar sobre su contenido concreto.
También protestamos firmemente contra la privatización de la Administración de Justicia: primero son los Registros Civiles que se van a regalar a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, luego los actos de jurisdicción voluntaria a los notarios y por último, la amenaza de que luego se privatizarán los actos de comunicación y ejecución que se quieren entregar a los Procuradores.
Estas medidas suponen la mercantilización del servicio público de la Administración de Justicia y sólo obedecen al intento del Gobierno por salvar a estos profesionales de las directivas europeas que pretenden liberalizar su actividad, sin ningún escrúpulo porque esto suponga la privatización de un servicio público universal y gratuito. Así, la reordenación de estas profesiones que exige Europa se pretende realizar a costa del empleo público, de la promoción profesional y de las condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia sin mejorar nada la prestación del servicio público y encareciendo el mismo.
El Ministerio de Justicia impone unilateralmente las condiciones de trabajo. La reforma de la LOPJ de diciembre de 2012 supone un ataque frontal a los derechos laborales de los funcionarios de Justicia y vulnera gravemente el derecho a la negociación colectiva. Además, se trata de una reforma injusta e injustificada porque no es cierto, como sostiene el Gobierno, que se haya producido ahorro alguno con esas medidas. Otro tanto puede decirse de las reformas procesales que afectan gravemente a la capacidad del personal funcionario de defender sus derechos laborales en los tribunales frente a los abusos de la Administración.
Apostamos por el diálogo y la negociación pero está claro que ésta no se puede producir si una de las partes no quiere. La crisis económica se ha utilizado para desprestigiar el trabajo de los empleados públicos y barrer la negociación colectiva. Recordamos que la necesaria modernización de la Administración de Justicia debe contar con la participación real de quienes atendemos las oficinas todos los días y luchamos contra la falta de medios por dar el mejor servicio público que podemos al ciudadano: los funcionarios y funcionarias de Justicia.
Imprimir artículo
Los empleados públicos de la Administración de Justicia mostramos nuestro rechazo a la ley de tasas que encarece y precariza el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. El Ministerio de Justicia sigue sin querer negociar esta cuestión y anuncia una reforma sin informar sobre su contenido concreto.
También protestamos firmemente contra la privatización de la Administración de Justicia: primero son los Registros Civiles que se van a regalar a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, luego los actos de jurisdicción voluntaria a los notarios y por último, la amenaza de que luego se privatizarán los actos de comunicación y ejecución que se quieren entregar a los Procuradores.
Estas medidas suponen la mercantilización del servicio público de la Administración de Justicia y sólo obedecen al intento del Gobierno por salvar a estos profesionales de las directivas europeas que pretenden liberalizar su actividad, sin ningún escrúpulo porque esto suponga la privatización de un servicio público universal y gratuito. Así, la reordenación de estas profesiones que exige Europa se pretende realizar a costa del empleo público, de la promoción profesional y de las condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia sin mejorar nada la prestación del servicio público y encareciendo el mismo.
El Ministerio de Justicia impone unilateralmente las condiciones de trabajo. La reforma de la LOPJ de diciembre de 2012 supone un ataque frontal a los derechos laborales de los funcionarios de Justicia y vulnera gravemente el derecho a la negociación colectiva. Además, se trata de una reforma injusta e injustificada porque no es cierto, como sostiene el Gobierno, que se haya producido ahorro alguno con esas medidas. Otro tanto puede decirse de las reformas procesales que afectan gravemente a la capacidad del personal funcionario de defender sus derechos laborales en los tribunales frente a los abusos de la Administración.
Apostamos por el diálogo y la negociación pero está claro que ésta no se puede producir si una de las partes no quiere. La crisis económica se ha utilizado para desprestigiar el trabajo de los empleados públicos y barrer la negociación colectiva. Recordamos que la necesaria modernización de la Administración de Justicia debe contar con la participación real de quienes atendemos las oficinas todos los días y luchamos contra la falta de medios por dar el mejor servicio público que podemos al ciudadano: los funcionarios y funcionarias de Justicia.
