Cuando los sindicatos deciden convocar una huelga general es porque se han agotado todas las vías de negociación. Diría más. La huelga general del 29M es tan necesaria que hasta el propio presidente del Gobierno llegó a considerarla inevitable con la reforma laboral que tenía previsto aprobar. Y efectivamente, la aprobó. Por decreto, sin diálogo, ni negociación alguna con los sindicatos. En plena sangría de destrucción de empleo, con 5,4 millones de personas en el desempleo, el Gobierno aprueba una reforma del mercado de trabajo, no para incentivar la contratación, sino para facilitar y abaratar el despido.
Pero estos dos meses y medio de gobierno conservador se han convertido en un ataque sin precedentes al Estado social. Instalados en el la doctrina de Bruselas y los mercados financieros, y jaleados por el discurso de la CEOE, la derecha española que nos gobierna ha iniciado el desmontaje del Estado de bienestar y la quiebra del modelo de convivencia que surgió de la transición democrática. Es la certificación de la derrota de la política a manos de la economía y los mercados financieros, que fueron los causantes de la grave crisis que vivimos. En definitiva, un golpe a la democracia.
“Quieren acabar con todo”
Este es el lema de la huelga general. Y nada mejor para resumir los objetivos de las medidas del Gobierno. Y ya llueve sobre mojado. En España los recortes que se vienen aplicando desde 2010 no han hecho sino agravar la situación. Se aprobó una reforma laboral de menor alcance pero con los mismos ingredientes que la aprobada el pasado 10 de febrero (despido más fácil y barato, dualidad del mercado de trabajo, desvirtuación de la negociación colectiva); se colocó la reducción del déficit en el frontispicio de la acción política y con ello, se volvió a las andadas de los recortes, ajustando el gasto, ignorando los ingresos, y renunciando a reactivar la economía y a crear empleo. Como había que ganar las elecciones, el Partido Popular no dudó en ocultar sus intenciones y sustituir la propuesta política por la retórica de la demagogia (“no queremos abaratar el despido; queremos crear empleo”, dijeron). Y lo consiguieron. El 20 de noviembre, lograron mayoría absoluta en las urnas y se dispusieron a gobernar. Nunca en democracia un gobierno hizo tanto y en tan poco tiempo por acabar con la arquitectura social y laboral que entre todos decidimos poner en marcha tras las primeras elecciones democráticas de 1977, y que fue consagrada por la Constitución Española.
El movimiento sindical fue el primero en encender las luces rojas ante una política que se propone acabar con todo. Pusimos pie en pared para rechazar una reforma laboral impuesta que interrumpe el derecho del trabajo y lo reemplaza por una ilimitada arbitrariedad empresarial. Que abarata y facilita el despido; que no reduce las modalidades de contratación, sino que por el contrario las aumenta y precariza; que introduce discriminaciones en las posibilidades de empleo; que rompe el equilibrio de la negociación colectiva; que abre las puertas al despido, por primera vez, en las Administraciones Públicas.
Pero no nos quedamos aquí. En el acto sindical que CCOO organizó en el Palacio de Vistalegre de Madrid, el 24 de septiembre de 2011, ante 20 mil delegados y delegadas de nuestro sindicato de todo el país, ya advertimos que con las políticas que ya se aplicaban y las que se anunciaban ante un más que probable triunfo de la derecha en las urnas, además de la legislación laboral corría peligro nuestro modelo social, los pilares del Estado de bienestar: la sanidad, la educación, las políticas sociales. Si sumamos el fuerte giro corporativo decidido por el nuevo ministro de Justicia contra la democracia en la judicatura y la voluntad de eliminar y/o devaluar importantes derechos civiles como el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo, el matrimonio homosexual o los derechos de la inmigración, entenderemos porqué propuse en dicho acto impulsar una amplia plataforma social en defensa de los servicios públicos y los derechos sociales, oportunamente constituida hace unas semanas.
La legitimidad de la huelga general
El presidente del Gobierno ha repetido en diferentes foros y tribunas que las medidas del Gobierno son un ejercicio de responsabilidad con su país. El sabrá porque llama responsabilidad a acabar con las leyes y normas que configuran el Estado social y nos conduce a la máxima liberal del “sálvese quien pueda”. Por responsabilidad con los trabajadores y trabajadoras, con la ciudadanía, sobre todo con la peor tratada por la crisis, los sindicatos CCOO y UGT hemos recurrido a uno de los instrumentos constitucionales a nuestro alcance: la convocatoria de una huelga general. El aparato mediático conservador, en su particular y difamatoria campaña contra el movimiento sindical, ha querido y lo sigue haciendo, inocular en la sociedad el virus de la resignación, acusando a los sindicatos de movilizarse solo por sus privilegios. Esta calumnia tiene las patas muy cortas. Las consecuencias de la reforma laboral y de las políticas de recorte en los servicios públicos y el Estado de bienestar, ya se dejan ver: creciente desprotección de los trabajadores, deterioro plausible de la salud y la educación, evidente retroceso de los derechos sociales y civiles; quiebra del modelo de convivencia. Esto nada tiene que ver con los privilegios sindicales. Es el resultado de un proyecto político sometido a los designios de los mercados financieros.
Por todo ello hemos convocado una huelga general el 29 de marzo. Todos los trabajadores y trabajadoras de la producción y los servicios, de las Administraciones Públicas, están llamados a participar en esta huelga. Y tenemos el deber moral de dirigirnos a la ciudadanía para que la apoye y se manifieste contra unas medidas que, de llevarse a cabo, acabarán con derechos históricos que tanto nos ha costado conquistar.
Ignacio Fernández Toxo
Secretario general de CCOO
