- El Ministerio de Justicia sigue sin dar solución a los problemas de cotización a la seguridad social de miles de trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia.
- Entre 1990 y 2004 se desconoce el paradero de parte de las cuotas de Seguridad Social descontadas de sus nóminas a más de 15.000 funcionarios y funcionarias interinas de la Administración de Justicia.
- El trío Gobierno-Ministerio de Justicia-Tesorería General de la Seguridad Social no da cumplimiento a las resoluciones judiciales que les obligan a dar de alta en la Seguridad Social determinados periodos de trabajo efectivo anteriores a 1990 que no están reconocidos a efectos de jubilación y pensiones.
CCOO DENUNCIA LA
“DESAPARICIÓN” DE 157.000 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL EFECTUADAS POR
15.096 FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
El Ministerio de Justicia ha comunicado a los sindicatos que la
Tesorería General de la Seguridad Social afirma no haber recibido estas cuotas
ni tampoco las cantidades correspondientes a la cuota patronal que el
Ministerio de Justicia afirma haber transferido sin poder justificarlo
documentalmente
Fruto de las continuas reclamaciones de este sindicato y del personal afectado, el Ministerio de Justicia llegó a un acuerdo con las organizaciones sindicales publicado en el BOE de 20 de enero de 2016 en el que se recogía que “El Ministerio de Justicia se compromete a seguir impulsando la corrección de cualquier incidencia que, acaecida en legislaturas pasadas, pudo haber generado errores u omisiones en las cotizaciones de Seguridad Social del personal que en ese momento era interino, continuando la labor emprendida hasta el momento en la búsqueda de soluciones globales y definitivas”.
Casi un año y medio después de la firma de dicho acuerdo el Ministerio de Justicia sigue sin cumplir su compromiso, y en una reunión de la mesa sectorial de negociación celebrada el pasado 1 de junio informó a los representantes sindicales de que, según sus datos, aparecen unas 157.000 lagunas de cotización que afectan a 15096 personas, habiendo todas ellas sufrido en sus nóminas el descuento de las cuotas correspondientes a esos periodos no reconocidos, cantidades que en la actualidad están desparecidas, y además, en caso de jubilación, no pueden acreditar estos periodos como cotizados para el cálculo de su pensión.
CCOO denuncia la gravedad máxima de este asunto ya que, aparte de los efectos perniciosos para el personal afectado ya señalados, el dinero descontado de sus nóminas a los y las trabajadoras, más el dinero de la parte de cotización correspondiente al Ministerio de Justicia como empresa (cientos de miles de euros) ha desaparecido, toda vez que la Tesorería General de la Seguridad Social niega haberlo recibido mientras que el Ministerio de Justicia afirma haberlo abonado pero no encuentra la justificación documental correspondiente.
CCOO denuncia que cualquier empresa privada que se encontrase en esta situación de no poder justificar los ingresos de las cuotas de la Seguridad Social de sus trabajadores estaría ya sometida a un juicio penal por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, castigados con penas de prisión, mientras que el Ministerio de Justicia, la Seguridad Social y, por tanto, los Gobiernos de los últimos 27 años, son incapaces de explicar a dónde fueron a parar estos cientos de miles de euros que fueron cobrados a los trabajadores sin que, por ahora, esté justificado que hayan llegado a su destino legal.
Además de esta escandalosa situación, en
relación con periodos anteriores a 1990 en que el personal interino de la
Administración de Justicia no estaba adscrito a ningún régimen de Seguridad
Social, se han producido diversas sentencias en los Juzgados Centrales de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que condenan al Ministerio
de Justicia a dar de alta en la Seguridad Social a quienes acrediten que
efectivamente trabajaron.
Estas sentencias y su extensión de efectos a los centenares de trabajadores afectados están siendo incumplidas por el gobierno de Mariano Rajoy, ya que la Tesorería General de la Seguridad Social, bajo la excusa de que no es el organismo condenado por las resoluciones judiciales (se condena al Ministerio de Justicia), se niega a dar cumplimiento a las sentencias y sigue sin reconocer estos periodos trabajados, mientras el Ministerio de Justicia del Sr. Catalá se muestra incapaz de obligar al Gobierno a cumplir lo ordenado por los jueces, siendo una vez más los trabajadores y las trabajadoras quienes van a resultar perjudicadas en el cálculo o incluso en la percepción o no de sus pensiones de jubilación.
Estas sentencias y su extensión de efectos a los centenares de trabajadores afectados están siendo incumplidas por el gobierno de Mariano Rajoy, ya que la Tesorería General de la Seguridad Social, bajo la excusa de que no es el organismo condenado por las resoluciones judiciales (se condena al Ministerio de Justicia), se niega a dar cumplimiento a las sentencias y sigue sin reconocer estos periodos trabajados, mientras el Ministerio de Justicia del Sr. Catalá se muestra incapaz de obligar al Gobierno a cumplir lo ordenado por los jueces, siendo una vez más los trabajadores y las trabajadoras quienes van a resultar perjudicadas en el cálculo o incluso en la percepción o no de sus pensiones de jubilación.